Latinoamérica: la región más sangrienta del mundo para los protectores del ambiente

El 18 de setiembre del 2015, el profesor guatemalteco Rigoberto Lima esperaba la resolución de un juez sobre un tema que fue el primero en denunciar: una compañía estaba contaminando las aguas del río La Pasión y él no solo lo había documentado y denunciado directamente, sino que había llevado a periodistas y camarógrafos para que fueran testigos de la matanza de peces en las cercanías de su pueblo.

Mientras estaba en las gradas del edificio judicial, dos sujetos en una motocicleta se acercaron y le dispararon. Su cuerpo quedó tendido ahí mismo.

Aunque la muerte de Rigoberto Lima resulta impactante, tristemente no es una excepción. A lo largo del 2015, 185 muertes de este tipo fueron documentadas por la organización no gubernamental Global Witness. Un informe detallado sobre estas muertes se publica este lunes.

Tal como señala el informe, el 2015 ha sido el año en el cual más muertes relacionadas con defensa del ambiente se registran desde 2010. Mientras en 2015 se documentaron 185 casos, en 2012 fueron 142 y en 2011 fueron 130. En el informe del año anterior, con datos del 2014, se habían documentado 116 fallecimientos, lo cual implica un crecimiento importante de un año a otro.

Según el reporte, Latinoamérica tiene el triste honor de ser la región con más muertes en el mundo –122, mientras África registra 13— y Brasil, el territorio con más fallecidos por causas relacionadas al activismo ambiental: se contabilizaron 50 muertes en el 2015. La investigación concluyó que las principales causas de los conflictos que desencadenaron con la muerte de un ambientalista son la minería (42 casos), la agroindustra (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

Oro con sangre

Viviane Wetizner, de Forest People Programme, conoce bien el problema que puede causar la minería en Colombia. Ella trabaja apoyando pueblos indígenas del Cauca, en el suroeste de Colombia, quienes se han visto afectados por los intereses de extraer en gran escala el oro de sus tierras. Por esa defensa mataron a tiros en frente de su propia casa, en la zona de Caldas, a Fernando Salazar, líder indígena del grupo Embera Chamí.

Wetizner explicó que en el Cauca ha habido un aumento de movimientos de grupos armados que ven en el oro una manera fácil de legitimar capitales. Esto, unido al hecho que el gobierno nacional da concesiones de extracción en lugares donde las autoridades tradicionales locales han decretado prohibiciones, genera mucha tensión.

“La muerte de Fernando fue un mensaje para el gobierno local entero”, dice Wetizner.

“Además, pese a las presiones ha habido una impunidad total en este caso. ¿Hasta qué momento va a dejar el Estado así las cosas? Se dan amenazas continuas contra los líderes que tratan que sus derechos sean respetados y se les acusa de estar en contra del desarrollo”, comentó Wetizner a Scientific American.

La demanda de productos, minerales, madera y espacio presionan a las comunidades, muchas de las cuales no están dispuestas a ceder en lo que consideran sus derechos. En Latinoamérica son especialmente vulnerables la comunidades indígenas y es en ellas donde se han registrado la mayor cantidad de muertes de activistas ambientalistas.

Choque de visiones

El choque en visiones distintas de cómo alcanzar el desarrollo no pocas veces se resuelve de manera violenta. Global Witness advierte que de todos los casos, solo de algunos se tiene una denuncia formal y suficiente información como para dejar un registro en el documento que publican. Aún son menos los casos en los cuales existe una condena.

La impunidad termina beneficiando no solo al autor material del crimen, sino también al intelectual, que puede llegar a tener relación con el poder económico y político de alto nivel, señala el informe.

Osvaldo Durán, vocero de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), quienes no fueron tomados en cuenta para la realización de este estudio, confirmó a Scientific American el peligro que implica para muchas personas en la región el proteger sus tierras y el ambiente.

Durán confirmó que la poblaciones indígenas son las más vulnerables y destacó que muchas veces el Estado no solo no hace nada por defender a personas o grupos que están siendo agredidos, sino que en ocasiones se orquestan desde organismos oficiales campañas de desinformación.

“Cuando el Estado no actúa como tiene que actuar, se convierte en un enemigo”, dijo.

“El modelo económico, que requiere de extracción de materiales y la construcción de hidroeléctricas o de megahoteles, requiere también de una fusión de intereses entre el Estado y las corporaciones. Ahí es cuando muchas veces vemos al Estado defendiendo intereses privados y no el de las comunidades”, comentó el activista costarricense.

Acciones para ejecutar

Aunque para muchos parezca una realidad lejana, Billy Kyte, encargado de campañas globales de Global Witness, explicó que existen acciones que personas no relacionadas con el tema pueden tomar en cualquier lugar del mundo para marcar una diferencia.

“Los asesinatos que ocurren en aldeas mineras remotas o en el corazón de selvas tropicales y quedan impunes son fruto de las decisiones que toman consumidores de la otra punta del mundo. Las empresas y los inversores deben cortar sus vínculos con aquellos proyectos que pisotean los derechos que tienen las comunidades sobre su tierra”, comentó en un comunicado de prensa.

Mientras tanto, a los gobiernos se les pide aumentar la protección a los activistas, reconocer su derecho a negarse a la realización de proyectos, a garantizar que se tome en cuenta la opinión de las comunidades en los temas que las afectan y a combatir las actividades ilegales que dañan los recursos naturales.

Fuente: scientificamerican.com

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