Esta es una de las conclusiones del Informe sobre la ciencia y la tecnología en España de esta fundación, en el que han colaborado científicos como Vicente Larraga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Isabel Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid o Ana Cuevas, de la Universidad de Salamanca.
Para esta fundación, “el sistema español de ciencia y tecnología, aunque tiene una dimensión que a primera vista puede parecer importante, no logra alcanzar ni el tamaño ni la eficiencia necesarios para servir de pilar al desarrollo de un país innovador que pueda enfrentarse a los retos de la actual sociedad internacional”.
Burocracia que desconoce la ciencia
La política científica, dice esta fundación, tiene “siete plagas”: ausencia de instituciones, indiferencia de los poderes económicos, aleatoriedad política, inestabilidad presupuestaria, carencia de estrategias, burocracia que habitualmente desconoce la ciencia que tiene que gestionar e individualismo como forma de supervivencia, y los recortes son consecuencia de estas.
Además, su financiación se lleva a cabo fundamentalmente desde los presupuestos generales del estado, “manejados por funcionarios que entienden que la I+D+i es una competencia más que el Estado debe asumir, pero que en realidad no consideran importante”.
El dinero, añade la fundación, “es esencial, pero no lo es todo en la política científica: en España existe una carencia de objetivos científicos propios que puedan servir de apoyo a las necesidades sociales y una “gran descoordinación” entre organismos públicos de investigación, universidades hospitales y empresas.
Además, se dedican recursos “muy valiosos” a tareas no productivas, fundamentalmente administrativas.
Boicot del propio sistema
“En el fondo lo que ocurre es que el propio sistema pone obstáculos a la realización de la actividad que está financiando con recursos públicos”, lamenta la fundación, que agrega que no cabe esperar que la iniciativa privada se implique al nivel de los países occidentales avanzados mientras no se solucionen “los cuellos de botella del sistema”.
La Fundación Alternativas denuncia que ni siquiera en los años de bonanza económica se ha conseguido ejecutar lo presupuestado, “una clara muestra de que la estructura institucional de ejecución del gasto es claramente inadecuada”.
Esto es especialmente grave, agrega, “en la partida relacionada con el desarrollo e innovación donde año tras año no se ejecuta aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto previsto”, lo que permite al Gobierno “maquillar las cifras“.
A pesar de que el número de artículos en los que figuran autores españoles no ha dejado de crecer, “en donde sí parece haber hecho mella la reducción de la inversión es en el porcentaje de producción de trabajos científicos en lo que investigadores españoles aparecen como primeros autores, que sufre un descenso, así como en el porcentaje de trabajos que se encuentran entre el 10 por ciento de los más citados a nivel mundial.
Se ha visto, por tanto, afectada la publicación en las revistas de mayor incidencia y se ha producido un significativo retroceso, del 60 por ciento, del número de solicitudes de patentes internacionales de origen español entre 2008 y 2014.
¿Lo cuestionan los científicos?
“Dadas las circunstancias que se vienen produciendo en los últimos años, con los índices de gasto descendiendo desde el año 2008 (se suele hablar del “sexenio perdido” que ya va camino de convertirse en “década perdida”), resulta sorprendente que los científicos académicos no hayan cuestionado seriamente el sistema de gobernanza y evaluación actual (…)”.
Con todos estos problemas, la citada fundación cree necesario la creación de un ministerio de ciencia, eliminar la exclusividad funcionarial en los organismos públicos de investigación, establecer un sistema de movilidad real de investigadores, aumentar el nivel de gasto público en I+D para alcanzar “de una vez por todas” el 2 por ciento del PIB.
Asimismo, poner en marcha un plan de inversión plurianual más allá de una legislatura que ponga fin a “los bandazos” financieros.
Los autores de este trabajo han calculado que la recuperación durante una legislatura de mil investigadores del máximo nivel (con lo que conlleva de crecimiento en cascada), con medios iniciales para poner en marcha sus laboratorios y financiación durante tres años, la creación de diez nuevos centros de excelencia en temas estratégicos, el envío anual de trescientos investigadores jóvenes al extranjero para completar su formación, así como la duplicación de los fondos actuales dedicados a la financiación de proyectos y la renovación de infraestructuras obsoletas, supondrían un coste aproximado de 4.000 millones de euros en tres años.
De esta forma, la inversión en I+D+i alcanzaría aproximadamente el 1.7 por ciento del PIB, que podría ser completado razonablemente con la inversión empresarial e implicaría un “cambio sustancial” respecto a la situación actual.
Fuente: EFE