“Don Héctor fue uno de los grandes impulsores en México y en América Latina de la figura del ombudsman”, destacó el colegiado
Con un minuto de silencio en memoria de Héctor Fix-Zamudio, miembro de El Colegio Nacional y quien falleciera el pasado 27 de enero, se inició la primera mesa de un ciclo integrado por cinco reuniones que abordarán diferentes temáticas vinculadas con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, coordinado por el también colegiado Diego Valadés.
“Don Héctor fue uno de los grandes impulsores en México y en América Latina de la figura del ombudsman, defensor de los derechos humanos o procurador de los derechos humanos; en el momento en que planteó esta importante figura jurídica, esta trascendental institución para hacer valer los derechos humanos, América Latina vivía una etapa sombría de dictaduras militares en prácticamente toda la extensión territorial, con excepción en los años 70 de México, Costa Rica y Uruguay.”
De acuerdo con Diego Valadés, la promoción de la figura de los derechos humanos se dio mediante su presencia personal ante auditorios nutridos en las universidades y en instituciones públicas o privadas, lo cual significó una verdadera labor de militancia en favor de los derechos humanos en nuestro hemisferio.
“En ese periodo, muchos juristas, de distintos países, se le acercaban para pedir orientación y encontrar en él una palabra amiga que les diera el apoyo moral necesario para hacer frente a las condiciones tan adversas que vivían en sus países. Una figura entrañable, ejemplar y paradigmática en todos los ámbitos del derecho”, destacó el colegiado, antes de comenzar la mesa Evolución de los derechos humanos en México, transmitida en vivo el 4 de febrero como parte del ciclo Derechos Humanos: 10 años de la reforma constitucional.
La intención es hacer una evaluación de cómo estábamos y cómo estamos, en particular de qué problemas se resolvieron y qué problemas han subsistido o, incluso, han surgido a partir de esa reforma constitucional en materia de derechos humanos; en especial porque todos los días se puede constatar el contraste que se da entre la norma y la normalidad “en este tema crucial de la vida de cualquier estado democrático que son los derechos humanos”.
“Los derechos humanos forman parte de la agenda cotidiana y están en el eje de los problemas del Estado mexicano; en particular, enfatiza la necesidad de defender los derechos humanos como la prioridad sin la cual todo el aparato democrático resulta afectado, porque la esencia de la sociedad está en la defensa de los derechos de las personas.”
Santiago Corcuera, del Fondo de Contribuciones para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos de la ONU, realizó un repaso histórico sobre los diferentes instrumentos elaborados a lo largo del siglo XX en la protección de los derechos humanos, teniendo como punto de partida la instrucción de la Asamblea General de la ONU a la Comisión de Derechos Humanos para hacer un pacto sobre derechos civiles y políticos, y otro de derechos económicos, sociales y culturales.
“México se tardó en adherirse al movimiento internacional de los derechos humanos y se abstuvo de adherirse a esos dos tratados, incluso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969. México llega muy tarde, estaba un poco encerrado en sí mismo y no fue sino hasta 1981, durante el sexenio de López Portillo cuando se ratifican los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y no porque lo hubiera querido, sino por la influencia que tuvo el gran canciller, don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa.”
Sin embargo, destacó el especialista, lo que no hizo México fue reconocer la competencia de los órganos encargados de la vigilancia y cumplimiento de esos tratados: en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nuestro país se abstuvo de ratificar el primer protocolo, que dota de facultades para conocer de reclamaciones o de quejas individuales.
Tampoco reconoció la competencia del Comité de discriminación contra la mujer, ni la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “aunque no le quedó de otra, porque su competencia es automática”.
Así, desde 1981 en adelante, la única ventana de justicia internacional que tenía la población mexicana era la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue hasta 2002, cuando “México decide meterse a la segunda ola de los tratados internacionales que le faltaba reconocer”, resaltó Santiago Corcuera.
Issa Luna, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, centró su intervención en el papel que deben jugar los derechos humanos en la actualidad, en un tiempo en que también deben responder a desafíos globales, como las pandemias, la pobreza y el medio ambiente, bajo el entendido de que los valores detrás de los derechos humanos y la utilidad que le hemos dado no es la misma a lo largo de nuestra historia y debemos replantear ahora cuáles deberían ser estos valores.
“Los derechos humanos en México han generado una enorme cantidad de aspiraciones que, para muchas personas, han terminado por ser insatisfactorias, como los valores de los derechos que prometían salvar a la población de la pobreza o garantizar la salud, la educación, la justicia o diferentes aspectos que, hoy día, resulta complejo explicar los resultados completos.”
A pesar de ello, recalcó la investigadora, resulta indispensable plantear la pregunta de si los derechos humanos tendrían que resolver estos problemas o cómo hacerlo a la luz de lo que se está implementando en México, para lo cual un punto de inflexión importante es entender que la idea de los derechos humanos no pasa sólo por los valores y los problemas que se enfrentaban en diferentes momentos de nuestra historia.
“El fenómeno de las desapariciones, de la impunidad, de la corrupción, la concentración del poder político y económico, la fortaleza del crimen organizado, el ataque sistemático a las propias instituciones del Estado, ponen un escenario en el que la utilidad de los derechos tendría que ser revisada a partir de la defensa de los valores clásicos del liberalismo; también de las nuevas formas de vida, de las amenazas y de cómo debemos transformar la interpretación de los derechos de los hitos que estamos enfrentando”, en palabras de Issa Luna.
Por su parte, Jesús Orozco Henríquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió a la evolución de los derechos políticos y su garantía, a partir de una propuesta promovida por el doctor Héctor Fix-Zamudio, para que en 1986 se creara el primer Tribunal Electoral en nuestro país, así como sugerencias para establecer la garantía de los derechos políticos, de acuerdo con estándares internacionales.
“Durante poco más de nuestros primeros 150 años de vida independiente, el sistema de justicia electoral se encomendó al órgano legislativo o asamblea política. A lo largo de los primeros 60 años de la constitución de 1917, los tribunales de amparo se abstuvieron de involucrarse en el control de la regularidad de las elecciones, al considerar que los derechos políticos no eran garantías individuales”.
Hasta 1977 se reformó la constitución para establecer un sistema de justicia electoral de carácter mixto, Legislativo y jurisdiccional, que se caracterizó por la previsión de medios jurisdiccionales de impugnación contra los resultados electorales, pero reservando la decisión a las respectivas cámaras del Congreso de la Unión.
“A partir de 1985, se llegaron a presentar diversas peticiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la inexistencia de un recurso efectivo en contra de los resultados de los comicios de Chihuahua y, posteriormente, de Nuevo León, Durango y el Estado de México. Recuerdo que el maestro Fix-Zamudio al defender, en 1986, su propuesta de crear el primer Tribunal Electoral en México, argumentaba que si nuestro país no establecía un medio de impugnación electoral vendría una instancia internacional.”
Finalmente, destacó Jesús Orozco, ese año se previó el Tribunal Contencioso Electoral Federal, con lo que se establecieron los primeros medios de impugnación ante un tribunal especializado, aun cuando podían ser anuladas sus decisiones por los colegios electorales, si bien fue hasta 1993 que se fortaleció al Tribunal, al que se le definió constitucionalmente como máxima autoridad en materia electoral.
“El sistema de justicia electoral mexicano se vio significativamente robustecido con la reforma constitucional y legal de 1996, con la que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que se le confirió la atribución de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones contra los resultados de las elecciones de diputados y senadores, a la vez que a su Sala Superior se le encomendó la facultad de realizar el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y de presidente electo.”
En la primera mesa del ciclo Derechos Humanos: 10 años de la reforma constitucional, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reconoció que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 ha sido la más profunda, “en tanto que estableció un nuevo orden constitucional de interpretación y estándar de protección y exigibilidad de derechos”.
“El Sistema Universal de Derechos Humanos no está exento de los vicios de todo sistema normativo, como un sistema diseñado por y para los grupos en privilegio; sin embargo, es el que ha mostrado mayor flexibilidad y congruencia para adaptar su contenido a los principios que los rigen y a las demandas de esos grupos”.
En ese sentido, mujeres, pueblos indígenas, diversidad sexual y de género, niñas y niños, personas con discapacidad, han peleado por el reconocimiento y adaptación del contenido tradicional para reconocer sus derechos y establecer mecanismos específicos para el ejercicio de sus garantías en igualdad de condiciones.
“Ese dinamismo se inyectó con más fuerza a partir de 2011. Dinamismo que significa evolución, progresividad: que significa evolución, como lo ejemplifica el reconocimiento institucional del derecho a la protección de la salud, el cual adquirió obligaciones más concretas a partir de 2011.”
Fuente: El Colegio Nacional