Alberto Galarza
Académico de la Universidad de Guadalajara. Fue senador por Jalisco. Estudió la licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho en la Universidad de Guadalajara, donde como líder estudiantil presidió la FEU, la federación de estudiantes más grande de Latinoamérica. Es maestro en Pensamiento Social y Político por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y fundador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco.
La autonomía, las libertades de pensamiento e investigación y la integración de la ciencia mexicana en un mundo interconectado y global, son los pilares en los que debería sostenerse el país para consolidar su desarrollo económico, científico, tecnológico y de innovación. Permitiendo un entorno ideal y adecuado para que las innovaciones florezcan desde cualquier lugar e institución educativa del país, con participación pública y privada, con el objetivo de cambiar el mundo y mejorar la vida de las personas.
Logrando la adecuada transferencia de la producción científica y tecnológica hacia nuestro entorno, incluyendo a la industria y el otorgamiento de los servicios públicos en México. Pues si no se aprovecha la creatividad y esta no se convierte lo más pronto posible en patentes, procesos, productos o diseño de políticas en México, solo se quedarán en anécdotas –como la vacuna Patria–, en publicaciones que pocas personas conocen o para que las innovaciones que se plantean se aprovechen en otros países.
Si la política en ciencia y tecnología que se está aplicando desde el gobierno federal continúa como va y, si se aprueba la propuesta de Ley general de ciencia que diseñó el Conacyt, no se gozará de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación que la Constitución establece. Al igual que en otros temas –como aquellos relacionados con la justicia– la política científica se puede ejemplificar como un “elefante reumático” que no avanza, con una Ley general de ciencia que se debate desde hace casi cuatro años, que sigue retrocediendo en el Índice global de innovación y con un presupuesto raquítico anual de menos del 0.4% del PIB.
En el mundo se vive un proceso crítico en la globalización y competencia económica que obliga a cualquier país a prepararse muchos años antes para afrontar los problemas a mediano y largo plazo. Sin embargo, el Conacyt plantea un régimen administrativo excluyente y vertical, a favor del debilitamiento del autogobierno y de la centralización de las decisiones, impidiendo la autogestión e imponiendo ‘límites ideológicos’ y geográficos a las directrices de investigación.
La hipercentralización pulveriza el federalismo en el campo de la innovación, pues a pesar de que en el papel el Conacyt quiere darle relevancia a los estados y municipios para que concurran y se responsabilicen con el sector, les imponen una agenda de temas prioritarios que pueden ser muy diferentes a las necesidades que cada entidad tiene. Obligando a la ciudadanía a moldear y responder a la política, pero sin permitirles la participación para elegir estos temas y excluyéndolos de los procesos de gobernanza efectiva –dándoles voz, pero no voto–.
El imponer límites a la investigación, transforma a las y los investigadores en un cuerpo burocrático, promoviendo la precariedad laboral y económica en el desarrollo de la labor científica. Este gobierno parte de una postura paternalista y autoritaria, dando apoyo al trabajo de las y los investigadores sólo si estos estudian algo que en la visión del Conacyt es digno de ser estudiado y si promueven el “humanismo mexicano”, o lo que signifique.
Ante el riesgo que enfrentan la ciencia y la educación superior en nuestro país, no hay lugar para la indiferencia ni la resignación. La libertad de expresión, de pensamiento y de creación, son los distintivos del espíritu científico y universitario. Estas libertades son contrarias a la dominación, cuando las comunidades educativas las pierden, dejan de tener todo sentido en sí mismas, para su comunidad y para la sociedad a la que les ofrecen su labor.
Hagamos todo lo posible para detener la propuesta autoritaria del Conacyt, exijamos al Congreso de la Unión que incorpore las observaciones y el diagnóstico que diversos colectivos de la comunidad científica han realizado en comunicados, foros y propuestas legislativas, al hacerlo entenderemos mejor la problemática y podremos plantear las agendas parlamentarias y de política pública que este país necesita en la materia.
P.D. Todo mi apoyo y solidaridad a la UNISON (Universidad de Sonora), por la afrenta hacia su autonomía por parte del Congreso Estatal de Sonora. La autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de investigación, continúan acechadas sin tregua por fuerzas conservadoras. Ni un paso atrás en la defensa de nuestras casas de estudio.
Fuente: eluniversal.com.mx