La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, María del Pilar Ortega Martínez, presentó una proposición con punto de acuerdo, por el cual exhorta a los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas que establezcan protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad.

En una proposición con punto de acuerdo, presentada en la sesión de este jueves, la senadora añadió que, como referente, debe tomarse el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, implementado por el Poder Judicial de la Federación.

La legisladora explicó que se pretende que las personas tengan acceso efectivo a la justicia, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dijo además que los estados parte de esta Convención se comprometen a promover la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia y sistema penitenciario, incluyendo policías y personal penitenciario.

Asimismo, pidió a fiscalías y procuradurías generales de Justicia de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República (PGR) que, por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Se debe reconocer que en el país se han instrumentado acciones para eliminar barreras físicas y sociales, que limitan la autonomía y el libre tránsito de las personas con discapacidad, y otras regulaciones para generar la plenitud de sus derechos. Sin embargo, advirtió la senadora, existen pendientes como el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

En el sistema de justicia se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya impulsado acciones, fundamentadas en el principio pro persona.

El esfuerzo en esta materia, por parte del Poder Judicial de la Federación, debe ser replicado en todos los estados de la República, pues el problema de las personas con discapacidad no es menor si se atiende a la medición que hace la ONU, al señalar que existen aproximadamente 650 millones de personas con alguna discapacidad; y en el país, según datos del INEGI, hay cinco millones 700 mil personas en esa condición.

Precisó, que las personas con discapacidad tienen derecho a que sea reconocida su personalidad jurídica, se les proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir abusos.

La proposición se turnó a la Comisión de Justicia del Senado.