El Senado de la República prevé la aprobación de la Ley de Derecho a la Alimentación Adecuada, para garantizar a todas las personas y en cualquier momento, la disponibilidad de víveres para su consumo diario, así como el acceso físico y económico a una comida nutritiva, suficiente y de calidad.

Así lo anunció el presidente de la Comisión para la Competitividad, senador Sofío Ramírez Hernández, al presidir la apertura de los trabajos de análisis de los marcos legales, políticas públicas y presupuestos para la seguridad alimentaria, de los países participantes en el 7º Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre en América Latina y El Caribe.

Dicha ley, apuntó, es fruto del trabajo conjunto de diputados, senadores y organizaciones de la sociedad civil (OSC), enfatizó el legislador del Grupo Parlamentario del PRD al precisar que la minuta correspondiente, enviada por la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por la Comisión de Seguridad Alimentaria, y se prevé que haga lo mismo en breve la Comisión de Estudios Legislativos, con opinión de las comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Rural.

Ramírez Hernández apuntó que con la ley en mención, México cumple con los acuerdos establecidos con los países de la región dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a la que manifestó su reconocimiento por los esfuerzos realizados para que se reconozca el acceso a comestibles como un derecho humano.

En lo anterior coincidió la diputada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Socorro Meza Martínez, al destacar que México ha sido reconocido a nivel internacional por los programas federales y estatales para erradicar el hambre en el país.

Precisó que el programa nacional México Sin Hambre, que se divide en 90 programas de 16 secretarías de Estado, atiende a 7.2 millones de personas en condiciones de deficiencia alimentaria, que viven en mil doce municipios del país.

Destacó que recientemente en Milán se otorgó un premio especial al programa de comedores comunitarios, aplicado en la Ciudad de México, el cual incluso ha sido replicado en otras naciones, como Haití.

La Ley de Derecho a la Alimentación Adecuada plantea la creación de la Comisión Intersecretarial Federal, la cual propondrá acciones preventivas o correctivas que apoyen la estabilidad de los precios de los alimentos, sobre todo de aquellos que integran las canastas alimentarias, a efecto de potenciar un consumo diario suficiente.

Será responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, mantener comedores comunitarios en los lugares que se requieran por las condiciones de pobreza, marginación o baja condición alimentaria de sus habitantes, en los cuales se privilegiará la adquisición de comestibles de los pequeños o medianos productores locales o regionales.

Al prohibirse cualquier tipo de discriminación, la garantía de alimentación incluye a personas recluidas en centros de reinserción o readaptación social, asilos, sanatorios, estaciones migratorias, a las que se les deberá brindar alimentos suficientes y de calidad.

El goce y ejercicio efectivo de esta ley será garantizado por el Estado, de acuerdo a los términos previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, añade el dictamen.

Asistieron al evento las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN y Martha Palafox Gutiérrez, del PT.

 

Participaron los parlamentarios Natalia Perssini y Silvia Jacopo, de Argentina;  Hamlet Melo, de República Dominicana; y Javier Cambronero, de Costa Rica.