Propuesta de incorporar en la Constitución Principio de Inclusión de las Personas con Discapacidad

Este principio es fundamental y necesario para la nueva relación del Estado mexicano con los ciudadanos: senadora Yolanda de la Torre

La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que propone incorporar en el artículo 4° de la Constitución Política el Principio de Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que el Estado promueva y respete de manera plena sus derechos y dignidad.

Al fundamentar su propuesta, la senadora De la Torre Valdez señaló que este principio tendrá la función de transversalidad en la ejecución y operación de las políticas públicas y en las decisiones del Estado respecto a este sector de la población

Indicó que la incorporación de este principio es fundamental y necesario para la nueva relación del Estado mexicano con los ciudadanos, derivado del nuevo paradigma que sentó la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

“Incorporar el principio de inclusión en la actuación y decisiones del Estado significa un eje toral, así como para la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos el principio de interés superior es fundamental, el principio de inclusión lo es para la plena incorporación y para hacer sustantivos los derechos de las personas con discapacidad”, comentó.

La senadora por Durango insistió en que este principio incorporado en la Constitución “va a ser transversal, vertical y hará operable y ejecutable realmente que las personas con discapacidad accedan a sus derechos”.

Refirió que México tiene una gran tradición en materia de personas con discapacidad, como Don Gilberto Rincón Gallado, quien impulsó ante la Organización de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Me parece que si logramos avanzar e incorporar a nuestra ley fundamental este principio, tendremos realmente un cambio que haga sustantivos los derechos de las personas con discapacidad”, destacó.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.