El Pleno del Senado de la República aprobó diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos, y dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas.

Con 77 votos a favor y nueve en contra, los senadores discutieron las disposiciones que incluyen la participación de las víctimas, sociedad civil y academia, y establece diversas facultades atracción y reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El proyecto establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará de ser un órgano colegiado, el cual estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Se propone que el Comisionado tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Será nombrado por el Presidente de la Republica, previa consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas que trabajen en la atención a víctimas; deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.

La propuesta prevé que, para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, participen en elaboración de la política pública los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.

Para ello, se concibe la creación de una Asamblea Consultiva que funcionará como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV, y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Por otro lado, se flexibilizan los mecanismos de acceso a los recursos del Fondo, fortalecen el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos.

Para lo anterior, se plantea que los recursos de ayuda y a diversos gastos, como alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permitan a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

El dictamen establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados puedan, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda.

También, para que entreguen la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común, a efecto de garantizar sus derechos cuando la entidad federativa lo solicite por no contar en el momento con la disponibilidad presupuestaria necesaria.

Para garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno, se precisa, deberán ser atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular las principales afectaciones y consecuencias de estos grupos vulnerables.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, su presidenta, la senadora Cristina Díaz Salazar, explicó que la Ley General de Víctimas significó un avance en la legislación mexicana de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expuso que a poco más de tres años de la entrada en vigor de esta ley, las víctimas han pedido su revisión “denunciando fracasos en el diseño legal e institucional, lo que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención”.

Por la Comisión de Justicia, su presidente, el senador Fernando Yunes Márquez aseguró que el propósito de las reformas no es la nueva Junta de Gobierno de la CEAV ni toda su estructura, sino que las víctimas y sus familiares “puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales, atención médica y un correcto asesoramiento jurídico”.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González destacó que en el dictamen se resalta la necesidad de reformar de manera integral el ordenamiento vigente, a fin de que sea funcional para quienes requieren de su amparo y protección.