Conocimiento es mejor que cemento

Dominar conocimiento no se improvisa. Por eso es necesario contar con políticas públicas estables de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación (CTI). Sin continuidad una política difícilmente puede llamarse política y Panamá no es ajena a este desafío. Analizar estas políticas en las últimas dos décadas en Panamá sirve para evaluar estrategias de cómo vencer este reto.

Para muchos países Panamá parecerá sólo sinónimo de su Canal o, peor aún, de algunos escándalos del momento. Eso ignora cuánto se ha diversificado la  economía del país en las últimas décadas. Sin embargo, en ese proceso los panameños hemos desarrollado una adicción al cemento, confundiendo rascacielos por desarrollo, y nos hemos olvidado de diversificar la economía hacia la generación de conocimiento.

Institucionalidad y formación de masa crítica

Cuando Panamá creó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) en 1992, varios países latinoamericanos ya contaban con organismos nacionales de ciencia por décadas. Una causa de nuestro retraso probablemente tiene relación con la naturaleza comercial de la economía panameña. Con un limitado sector industrial que consuma ciencias, Panamá cayó en el error de considerar a la investigación científica como un lujo, aún más que otros países, y le asignó una baja prioridad.

Afortunadamente, en 1985 un pequeño grupo de ciudadanos, preocupados por esta situación, fundó la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia y su liderazgo resultó en la creación de Senacyt, actualmente el eje principal de las políticas nacionales de CTI. Como resultado, para fines de la década de 1990 el país contaba con una ley marco, con un requisito de formular planes quinquenales, con un programa de becas doctorales, con fondos concursables para eventos de ciencia y había agregado innovación al nombre de Senacyt, sin alterar las siglas, entre otros avances.

En mi opinión, el núcleo principal de la política que se propuso desde ese período consiste en crear una masa crítica de especialistas de alto nivel capaces de avanzar el estado de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, reconociendo que para hacerlo se requiere talento.

En 1998, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los primeros en el área de ciencia y tecnología a países pequeños, logró cambiar la escala y alcance de la política de CTI. Los recursos adicionales permitieron establecer laboratorios de investigación, la primera red de acceso público a Internet  y el primer programa de fondos para innovación. Estas acciones generaron apoyo y evidencia temprana del potencial de la política de CTI para el país.

El apoyo del BID también jugó un rol estabilizador de la política de ciencias, ya que la ejecución de sus compromisos cruzó dos administraciones gubernamentales, hasta inicios de la década de 2000. A pesar de esto, inevitablemente ese momento de relevo gubernamental sí representó un cambio de prioridades en un aspecto crucial: el programa de becas doctorales dejó de existir.

La voluntad de competir

En la segunda mitad de la década de 2000 la política de masa crítica retornó con bríos. Panamá aumentó de forma importante la inversión en varios rubros. Los recursos permitieron retomar el programa de formación doctoral en el extranjero, aumentando de aproximadamente 30 becarios en el programa original a más de 300 doctorandos y otros cientos becarios de maestría o áreas especiales. Simultáneamente, en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se iniciaron fondos concursables con montos de decenas o cientos de miles de dólares por asignación.

Uno de los aspectos trascendentales de la evolución de la política de CTI en ese momento fue la voluntad de la comunidad científica de someterse a estándares internacionales de evaluación de trabajos de ciencia. El mejor ejemplo fue la introducción del proceso de evaluación de pares para propuestas de I+D que compiten por fondos. El proceso exige que la mayoría de los evaluadores sean extranjeros de nivel doctoral y reputación internacional. Esta medida resolvió problemas de conflictos de intereses, de disponibilidad de evaluadores y conectó a Panamá con la red de talento internacional.

A estas políticas de lograr masa crítica de excelencia se sumaron las políticas de descentralización y rendición de cuentas. La Senacyt se convirtió en una institución autónoma para agilizar su gestión y los laboratorios que operaban bajo Senacyt pasaron al sector no gubernamental, pero sin restarles apoyo financiero. Varios otros instrumentos fueron apareciendo, incluyendo el Sistema Nacional de Investigación para estimular a investigadores y el Fondo Sectorial de I+D alimentado por ingresos del sector de telecomunicaciones para financiar investigación establemente en ese sector.

Sin embargo, como había ocurrido anteriormente, a inicios de la década de 2010 la prioridad de formar una masa crítica de especialistas volvió a cambiar en favor de obras civiles de infraestructura, aunque fueran para el sector de ciencias. Por fortuna, gracias a la experiencia previa, un nuevo préstamo del BID para fomentar CTI ya estaba listo, que en esta ocasión sí incluía la formación de especialistas entre otros temas,  y sirvió como puente estabilizador entre las dos administraciones gubernamentales para amortiguar el cambio de prioridad.

En general, la política nacional de CTI se mantuvo igual y siguió aumentando el presupuesto de Senacyt, excepto que el cambio de énfasis fue drenando los recursos de los fondos concursables, causando la deserción de investigadores y una fuga de cerebros. A mediados de esta década el énfasis retornó otra vez a la política de formar masa crítica y apoyarla para surgir, aunque con menos recursos por investigador que antes pues el número de ellos sigue creciendo en función del programa de becas doctorales.

Retos para el futuro

Es interesante observar que la mayoría de los instrumentos de la política de CTI han tenido continuidad, a pesar de altibajos de financiamiento. Esto sugiere que implementar la política de CTI en componentes separables, útiles en sí mismos, es una forma de protegerlos contra los cambios de prioridad. También llama la atención que en cada otra administración gubernamental la política de CTI es consistentemente la misma, incluso para dos partidos políticos rivales.  Aunque esto puede parecer el proverbial vaso medio vacío, en realidad revela un alto grado de consenso y esfuerzo por estabilizar la política pública de este sector.

El principal reto en este momento para esta política consiste en asegurar la reinserción de becarios, especialmente los doctorales. Esto requiere aumentos sustantivos de inversiones en universidades y laboratorios nacionales que permitan un ambiente productivo para su talento. No es sorpresa que los investigadores jóvenes recién formados aspiren a dirigir estos cambios.

También es fundamental aumentar la disponibilidad de capital de riesgo para fomentar la aplicación productiva del conocimiento, mejorar la base escolar para elevar el número de alumnos idóneos para ciencias, y tomar medidas ya conocidas para fortalecer un entorno de ciencia e innovación que colabore con el  desarrollo nacional.

Puedo resumir la política de CTI que ha seguido Panamá de la siguiente manera: encontrar talento de ciencias y apoyarlo.  Esa masa crítica de talento tendrá como misión colectiva empinarse sobre tantos castillos de cemento y construir un país de ciencia capaz de inventar un futuro de bienestar nacional más profundo y transformador que la ampliación del Canal.

Fuente: Julio Escobar / blog.iadb.org